Síguenos en Google Plus
Proceso electoral en Colombia
Esta segunda vuelta presidencial va más allá de la elección de un presidente. El veredicto de las urnas marcará el rumbo de los procesos de diálogo puestos en marcha con las FARC y el ELN. La sociedad colombiana tiene el reto de proteger la paz más allá de las urnas
Dos procesos de diálogo. Una trascendental cita electoral. Dos caminos: el de la esperanza o el regreso a una política aún más guerrista. El de una paz dialogada o el de una guerra que en las últimas décadas ha dejado más de 220.000 víctimas. Los colombianos y quienes apuestan por el diálogo como mecanismo de resolución aguardan con atención e inquietud al veredicto de las urnas en Colombia.
La campaña para las elecciones presidenciales ha estado salpicada de escándalos de espionaje, denuncias de fraude, detenciones de policías por hacer proselitismo, pero también de noticias esperanzadoras como el acuerdo de diez puntos entre el Gobierno y las FARC-EP sobre cómo encarar las discusiones sobre las víctimas -el quinto punto de la Agenda pactada en agosto de 2012-, el compromiso de ambas partes con el esclarecimiento del conflicto y la verdad y el anuncio por parte del presidente, Juan Manuel Santos, del inicio de conversaciones exploratorias con el ELN. Aunque no deje de ser una baza electoral de Santos, un as en la manga guardado para presentarlo en el momento más adecuado en su carrera hacia el Palacio Nariño, no deja de ser una noticia positiva, con una excelente acogida a nivel local e internacional.
La victoria en primera vuelta del candidato uribista Oscar Iván Zuluaga y su amenaza, posteriormente matizada, de suspender los diálogos con las FARC encendió todas las alarmas y generó movimientos y pronunciamientos un tanto insólitos en otras circunstancias.
Parte del Polo Democrático, la Unión Patriótica y el suspendido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, han expresado su respaldo a Santos, mientras que otros movimientos como Marcha Patriótica rechazan la idea de que Santos represente la paz y Zuluaga la guerra. "No son la guerra y la paz, como se viene diciendo, porque nadie puede asegurar que el plan de Santos sea cambiar este sistema político, durante los últimos cuatro años la guerra se ha intensificado y no ha habido ningún gesto de paz del Gobierno, tan sólo sentarse a dialogar con las FARC-EP, algo que está demostrado también pretendía hacer Uribe", sostiene Javier Calderón, miembro de la Comisión Internacional de Marcha Patriótica.
¿Quiénes son Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga? El actual mandatario, nació el 10 de agosto de 1951 en Bogotá, en el seno de una de las familias más poderosas de Colombia. Su tío abuelo Eduardo Santos fue presidente (1938-1942) y su familia dirigió durante décadas el periódico 'El Tiempo', uno de los más influyentes de Colombia del que fue subdirector. En 1991, fue nombrado ministro de Comercio Exterior por César Gaviria y durante el Gobierno de Andrés Pastrana fue titular de Hacienda.
Con Álvaro Uribe en el poder, estuvo al frente del Ministerio de Defensa, dirigiendo las operaciones más importantes y mediáticas contra las FARC-EP, entre ellas el bombardeo contra un campamento de la guerrilla en Ecuador y la muerte de Raúl Reyes, quien se encontraba en territorio ecuatoriano negociando una posible entrega de personas que la guerrilla mantenía en su poder, entre ellas la excandidata presidencial Ingrid Betancurt. Siendo también ministro de Defensa, se destapó el escándalo de los llamados "falsos positivos", la muerte de campesinos, jóvenes humildes e, incluso, discapacitados para presentarlos como guerrilleros muertos en combate y así cobrar las recompensas contempladas en la ley y engrosar la lista de "caídos". El Gobierno del que formaba parte extraditó a EEUU a los principales dirigentes de los grupos paramilitares en una maniobra para "acallar la verdad".
En una entrevista en la ya desaparecida revista colombiana 'Cambio', el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, afirmó que con él "extraditaron la verdad". En medio de la actual guerra electoral, en la que todo vale, Uribe le ha recordado a Santos vía Twitter que "fue informado y consultado para la extradición de paramilitares y de compromiso de acceso de justicia colombiana a USA". Siendo presidente, Santos autorizó el operativo militar que acabó con la vida del dirigente guerrillero Alfonso Cano, con quien mantenía contactos de cara a abrir un proceso de diálogo. En unas recientes declaraciones, aseguró que ahora no tomaría la misma decisión con respecto al actual comandante del Estado Mayor Central de las FARC, Timoleón Jiménez.
Óscar Iván Zuluaga, que se autodefine como un hombre "tranquilo, moderado, decente y ecuánime", representa a Uribe y al ala más "guerrista". Es también aficionado al fútbol, a las historietas de Tintín, a las películas de acción, en especial las de James Bond, y al baile. Tras un paréntesis de varios años que dedicó a la empresa privada en la siderúrgica Acesco, de la cual es accionista su familia materna, dio el salto de la política de provincia a la nacional en 2002 como senador por Caldas. Para entonces, había empezado a tejer una amistad con su padrino político, Álvaro Uribe, a quien conoció en sus años como alcalde de Pensilvania, un pueblo de agricultores del departamento de Caldas, en el Eje Cafetero. Esa amistad fue decisiva en su carrera política. Antes de postularse como candidato presidencial del Centro Democrático fue senador (2002-2006) y, después, Uribe lo nombró ministro de Hacienda, cargo que ocupó hasta el final de su mandato, el 7 de agosto de 2010. Su nombre ha sido vinculado al hácker informático Andrés Sepúlveda, acusado por la Fiscalía colombiana de espiar a los negociadores del Gobierno y la guerrilla en La Habana.
Tras muchos rumores, a finales de agosto de 2012 Santos hizo público el diálogo con las FARC. El 18 de octubre se conformó oficialmente la mesa de diálogo en un hotel a las afueras de Oslo y el 19 de noviembre arrancaron las conversaciones en La Habana. Todo un recorrido difícil pero esperanzador, no exento de contradicciones y peligros, pero que indudablemente tendrían un destino más que incierto de vencer Zuluaga y su apuesta decidida por la derrota militar de la guerrilla, pese a que todo lo ocurrido en las últimas cinco décadas ha demostrado sobradamente que las estrategias puramente militares no son la vía para poner fin a un conflicto y que únicamente acarrean más sufrimiento para los eslabones más débiles.
El fin de las conversaciones del Caguán trajo consigo el Plan Colombia, los ataques aéreos, las bases militares... En un reciente informe, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), atestiguaba que "los períodos con mayor número de víctimas de desplazamiento corresponden a los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Cada uno de los cuales reportaba más de un millón de desplazados en los estimados de Codhes y más de 1.200.000 asumiendo los datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Esto significa que las decisiones político-militares de los actores involucrados llevaron al despojo, la expulsión, la negación de la vivienda, el trabajo, el acceso a la salud y la educación, la identidad, la posibilidad de asociación y múltiples derechos más, de, por lo menos, 342.050 hogares en cada cuatrienio". "La sistemática y permanente generación del desplazamiento durante estas décadas ha llevado aparentemente al país a habituarse al fenómeno y a negarse a reconocer que las políticas guerreristas, detrás de las cuales se esconden intereses de dominios territoriales para la explotación legal e ilegal de recursos apetecidos internacionalmente, se colocan en la base de esta catástrofe humanitaria", denunció. A día de hoy, Colombia sigue siendo el país con mayor número de desplazados en el mundo, por encima de Siria, Congo, Sudán e Irak. Una tragedia que afecta a 845 municipios en 31 departamentos.
Es mucho lo logrado en Cuba en materia agraria, de participación política y de sustitución de los cultivos ilícitos, aunque en el tintero queden "importante salvedades". Ahora, la víctimas son el centro de las discusiones con diez principios rectores, entre los que destacan el reconocimiento por parte del Gobierno y de las FARC de todas las víctimas y de su cuota de responsabilidad. Este segundo punto es también una invitación a "todos los sectores de la sociedad que de una u otra manera se han visto involucrados en el conflicto y que de una u otra manera tienen víctimas por las que responder". En su exposición el pasado día 9 ante las Comisiones de Paz impulsadas por el Congreso, el Alto Comisionado para la Paz y negociador plenipotenciario, Sergio Jaramillo, ahondó en esta declaración de reconocimiento, subrayando la obligación de realizar "un verdadero ejercicio de rendición de cuentas". "Si lo hacemos, construiremos un fundamento para la confianza, para la reconciliación y para la no repetición".
"Tal vez el aporte más importante que puede producir el fin del conflicto en materia de justicia transicional es la verdad. Porque evidentemente si no hay un fin del conflicto, no habrá quienes se paren y respondan por lo que hicieron y expliquen cuál es esa verdad", añadió. Una verdad que cada actor involucrado en este cruento conflicto deberá exponer respondiendo a tres preguntan "muy sencillas", en palabras de Jaramillo: "¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿y quiénes son los responsables?"
Dio por hecho que quienes están en contra del proceso "saben que si se le pone fin, llega la hora de las víctimas. Y saben que si llega la hora de las víctimas, llega la hora de la verdad. Y esas personas no tienen ningún interés en que se sepa la verdad. Van a hacer hasta lo imposible para descarrilar este proceso".
Parafraseando al excomisionado de paz del Gobierno de Belisario Betancur, Otto Morales Benítez, al referirse a a los "enemigos agazapados de la paz", Calderón destaca que "no solo se refería a los militares y latifundistas, sino a una cultura oligárquica de violencia política, desarrollada desde las instituciones, que mantiene a las mayorías marginadas: el 60% de abstención lo demuestra".
Esa mayoría es la que tiene la llave de la guerra o de la paz. Su movilización será fundamental y la izquierda, en toda su dimensión y extensión, tiene la obligación y el reto de articular a esa mayoría social desencantada y convertirla en una agente activo por la paz y el cambio.
Recuerdo una reflexión compartida con GARA de un joven exiliado en Noruega al cumplirse el primer aniversario de los diálogos. "Mi confianza está en que en La Habana podrán llegar a un acuerdo, pero sobre todo en que en Colombia hay aún una reserva democrática que está dispuesta a jugárselo todo por la paz, y que parte de esa reserva democrática somos los jóvenes que nos estamos formando y preparando en el exterior, los exiliados que no hemos dejado de luchar por el sueño de un país más justo. La firma vendrá, pero el verdadero trabajo será el nuestro, ya sea en Colombia o en el exterior".
Como sostiene el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, "realmente sería un inmenso error, una catástrofe histórica echar todo este esfuerzo al tarro de la basura".
(Gara)
No hay comentarios :
Publicar un comentario