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Hasta hace poco era impensable imaginar la reversibilidad de la Unión Europea. Incluso en el momento en el que el euro estuvo amenazado por la crisis financiera y la falta de integración de políticas fiscales y bancarias no se puso en cuestión el mantenimiento de la Unión. Pero precisamente las políticas de austeridad y de mayor integración impuestas por la canciller Angela Merkel para salvar el euro han creado una situación de rechazo de millones de ciudadanos a la pérdida de soberanía nacional. En el Reino Unido y Francia los partidos más votados tienen en su programa el abandono la Unión Europea. Al igual que el Movimiento 5 Estrellas, segundo partido de Italia. Syriza, triunfador de las elecciones municipales griegas, plantea una renegociación de las condiciones de pertenencia. Y los partidos ultranacionalistas en Dinamarca, Austria, Finlandia han incrementado su influencia.
Surgen además fuerzas de derecha e izquierda en todos los países, incluyendo Alemania, opuestas a los proyectos merkelianos de federalismo europeo. Y sin avanzar en la integración será complicado sostener el euro. El detonante de un movimiento centrífugo podría ser un resultado antieuropeo en el referéndum que reclaman en el Reino Unido el UKIP y sectores del Partido Conservador. O un triunfo del Frente Nacional en las elecciones francesas, algo que era impensable y que ahora es posible. El euro volvería a estar amenazado, pero esta vez por la crisis institucional derivada del rechazo a las políticas diseñadas para salvar la moneda común.
Los resultados españoles de las elecciones europeas han puesto sobre el tapete otro impensable: el fin del bipartidismo en nuestro país. Pero además han evidenciado la caída vertical de los dos partidos que monopolizaron la política española. El desplome de ambos es paralelo, con lo cual estamos ante una crisis de legitimidad total de quienes se arrogaban la representación ciudadana en cualquier situación, incluso cuando sus políticas de gestión de la crisis eran similares porque ambas partían de su sumisión a las directrices de Alemania y a los intereses de las entidades financieras. Calculando los votos sobre el total de electores los dos grandes partidos juntos recibieron menos de una cuarta parte del voto, lo cual coincide con las encuestas sobre intención de voto en las generales. El mapa político de la transición está finiquitado. Sobre todo para el PSOE, en el que se une el desprestigio de su política con su incapacidad de entender Catalunya. Desde 1986 las victorias socialistas se debieron al diferencial de escaños con el PP obtenidos en Catalunya. Con el PSC reducido a un partido menor por su dependencia de Madrid no parece haber posibilidad de gobierno socialista en mucho tiempo, aun con la renovación a la fuerza de una dirección socialista que llevó al PSOE al naufragio. Aunque se prefigura un gobierno de coalición PP-PSOE como último baluarte contra las fuerzas que asaltan un duopolio político hasta ahora inmutable. Fuerzas aún minoritarias, pero cuya proyección podría ir configurando nuevos actores políticos. Si al éxito de Podemos se añaden los votos de otros grupos procedentes del 15-M se llega a más de un 10% del voto actual. Sumado a Izquierda Unida/Iniciativa, esa izquierda electoral ya supera al PSOE. Pero el potencial de cambio es mucho mayor y está entre la masa de abstencionistas que aún no ven claras las alternativas. El sistema político se ha hundido pero su recomposición está todavía en curso. En parte porque el movimiento social cuestiona la forma de hacer política y en eso Podemos parece ser todavía una transición necesaria entre lo viejo y lo nuevo.
En esa crisis política aparece otro impensable. El proyecto de independencia de Catalunya que aúna una clara mayoría social por el derecho a decidir y una ligera mayoría por la independencia que podría ampliarse si el Gobierno mantiene su intransigencia ante la convocatoria de la consulta. En un contexto de fragilidad del sistema político español y de creciente deslegitimación de las instituciones en Catalunya, aparece como posible un proceso de movilización pacífica, impulsado desde la sociedad y apoyado por el Parlament de Catalunya, que fuerce una negociación en torno a un proyecto de confederación entre dos estados en el marco de la Unión Europea.
En medio de la incertidumbre política en Europa, en España y en Catalunya, la abdicación del monarca, reclamada desde distintos ámbitos y desde esta misma columna hace más de un año, llega tarde y aumenta la confusión porque de repente surge un sentimiento republicano que estaba latente en la memoria colectiva. Se cuestiona entonces la institución monárquica mediante la llamada a un referéndum para que sea el pueblo el que decida su forma de gobierno. Y ello pese a que la figura de don Felipe inspira una amplia simpatía, por su talante democrático y por su preparación intelectual de la que puedo dar fe. La cuestión es que ya no se trata de personas sino de la legitimación de una institución anacrónica cuyo prestigio ha sido erosionado por escándalos del propio monarca e indicios de corrupción de miembros de la familia real.
Sólo un referéndum popular podría relegitimar la monarquía y permitir a don Felipe, si fuera refrendado, servir de mediador en el conflicto entre España y Catalunya y contribuir con su ejemplo a la regeneración de instituciones que pueden desplomarse de forma caótica si no se reconstruyen desde la sociedad y no desde partidos denostados y formas de gobierno que en la conciencia de muchos ciudadanos ya no son representativas.
Si pensamos conjuntamente todos los impensables, no se trata de reformar la Constitución sino de refundar la democracia a través de una nueva Constitución cuyo proceso constituyente es más importante que su articulado. Porque sólo vale un texto acorde con el contexto.
(La Vanguardia)
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